Ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) y con vistas de su reciente convocatoria a un paro general de actividades en todos los puertos y terminales portuarias del país, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) ratifica públicamente su constante vocación de diálogo y la absoluta razonabilidad de las propuestas económicas presentadas, a la vez que formula un urgente llamado a la responsabilidad institucional para garantizar la paz social y la continuidad operativa de los puertos argentinos.
Desde el inicio de las conversaciones paritarias —cuyo ciclo comprende de enero a diciembre de cada año—, la CPPC ha demostrado una continua predisposición para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, tomando como parámetro objetivo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y las proyecciones macroeconómicas expresadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Tras acordar en enero un incremento inicial del 13,7% y saldar las diferencias del primer semestre, la Cámara ha presentado múltiples alternativas mejoradoras. La propuesta final ofrecida por la Cámara incluye:
A pesar de los esfuerzos de la CPPC, el gremio URGARA se ha mantenido inflexible en la exigencia de cerrar el ciclo paritario con un incremento del 35,5%, una pretensión que excede en más de 5 puntos porcentuales cualquier proyección económica oficial.
Aceptar dicho porcentaje desmedido impactaría severamente en la base salarial futura de las empresas y alteraría la ecuación económica general, representando un anticipo injustificado de casi un trimestre de inflación estimada. Asimismo, la Cámara ratifica su total apertura al haber aceptado, de inmediato, la sugerencia de la Autoridad de Aplicación de abonar y saldar en forma separada los reajustes de mayo, junio y julio para paliar la situación de los trabajadores, propuesta que fue insólitamente rechazada por el Gremio.
La declaración de medidas de fuerza por parte de URGARA coloca a los puertos graneleros del país a las puertas de una paralización altamente perjudicial para el comercio exterior, en momentos en que la actividad busca recuperarse de recientes e imprevisibles interrupciones logísticas en las vías navegables.
La CPPC enfatiza que la operatoria de los puertos privados constituye una actividad esencial, conforme a los lineamientos del art. 24 de la Ley 25.877-modificada por la ley 27.802, además de estratégica para la economía nacional. Por ello, ha solicitado formalmente a la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Capital Humano / Secretaría de Trabajo) su intervención urgente para que encuadre este conflicto en el marco de la Ley 14.786 y ordene las medidas necesarias que garanticen la paz social y eviten el cese de la operatoria portuaria.