Las inundaciones podrían generar pérdidas por más de 2.400 mill/dol en Buenos Aires

Las inundaciones que desde mayo afectan a gran parte del centro oeste bonaerense dejaron bajo el agua entre 4,5 y 5 millones de hectáreas, comprometiendo la producción agrícola y ganadera en una de las zonas más productivas del país.

Según un cálculo del productor Ignacio Iturriaga, el impacto potencial supera los 2.400 millones de dólares entre inversión no realizada y márgenes brutos en riesgo. El estudio, basado en costos directos de agricultura y cría publicados en Márgenes Agropecuarios y en lanación.com, estima que el 50% del área afectada corresponde a tierras agrícolas y el otro 50% a superficie ganadera.

“Si esa zona no puede sembrarse o recuperar la actividad ganadera a tiempo, el golpe económico directo sería de $2.466 mill/dol”, explicó Iturriaga, quien aclaró que el efecto no solo recae sobre los productores: “Es plata que pierde el contratista, la estación de servicio, el proveedor de insumos. Es dinero que deja de circular en los pueblos rurales”.

Desde Carbap, su secretario Pablo Ginestet sostuvo que la superficie afectada podría reducirse si parte de los campos logra sembrarse más adelante, aunque advirtió que “el riesgo económico ronda los 2.000 millones de dólares, y eso aún no está perdido, pero sí en juego”.

El factor climático muestra la magnitud del problema. En el partido de 9 de Julio, se registraron 1.105,9 mm de lluvia acumulada en menos de 8 meses de 2025 —superando ya el promedio anual histórico de 1.000 mm—, mientras que en Carlos Casares el acumulado ronda los 860 mm en lo que va del año. En ambos distritos, los registros se concentran en eventos intensos, con varios meses que duplicaron o triplicaron la media habitual, generando anegamientos persistentes y napas saturadas.

Frente a esta situación, el Gobierno nacional anunció un plan de emergencia con asistencia directa a los distritos más golpeados —como 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares y General Viamonte— y la instalación de un centro de operaciones en 9 de Julio. En la reunión en el Consejo Deliberante (foto) participaron la intendenta María José Gentile, funcionarios bonaerenses y el director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, quien afirmó: “Venimos a colaborar con las autoridades locales; la prioridad es atender la urgencia y coordinar acciones con Provincia y municipios”.

En paralelo, el Gobierno bonaerense dispuso una reasignación presupuestaria por más de $8.800 millones para ejecutar obras hidráulicas y de desagüe en zonas críticas. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1054 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y tiene como objetivo financiar dos proyectos: la gestión de desagües pluviales en la localidad de Mechita y en los partidos de Alberti y Bragado, y la puesta en valor del sistema de bombeo de napas en Morón, según consignó la agencia DIB.

En total, se trata de una reasignación de $8.810 millones, que se divide entre $5.510 millones en el primer diferido y $3.700 millones en el segundo, dentro del presupuesto prorrogado del ejercicio 2025. Desde el Ministerio de Infraestructura remarcaron que la decisión “responde a la prioridad de atender situaciones críticas y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos extremos”, y destacaron que se trabaja junto a la Subsecretaría de Recursos Hídricos para acelerar la ejecución.

La obra de desagües pluviales en Mechita, Alberti y Bragado apunta a mejorar el escurrimiento del agua en una zona históricamente afectada por inundaciones rurales y urbanas. En tanto, la intervención en Morón busca modernizar el sistema de bombeo para controlar las napas freáticas en un área urbana densamente poblada.

La Sociedad Rural Argentina, por su parte, estimó que hay más de 3 millones de hectáreas comprometidas, con excesos hídricos de entre 60 y 150 milímetros en distritos como Saladillo, Chivilcoy, Mercedes, Suipacha y Carmen de Areco.

Las entidades rurales coincidieron en que la situación volvió a poner en evidencia los retrasos en las obras de la cuenca del río Salado, donde aún restan completar tramos claves del sistema de desagüe. Iturriaga, uno de los productores más afectados en esa zona, señaló: “El cuello de botella está en el puente de la ruta 205; sin intervenir ahí, todo lo que se haga aguas arriba pierde efecto”.

Mientras tanto, en las zonas altas los suelos comienzan a secarse lentamente, pero en los bajos el agua sigue superando el metro y medio de profundidad. Con la ventana de siembra de soja abierta hasta fin de diciembre, los productores saben que el tiempo corre en su contra. “Algo se va a recuperar —admiten—, pero todavía hay lugares donde el agua sigue igual que en mayo”.

Polémica

Un nuevo capítulo en el enfrentamiento Nación–Provincia se desató luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara un operativo para asistir a los pobladores rurales y productores bajo agua en el oeste bonaerense, tras nueve meses de lluvias intensas.

Bullrich responsabilizó a la Provincia por la falta de gestión en los canales y caminos rurales, mientras que el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, respondió recordando que la Nación paralizó las obras del tramo 4 del río Salado, fundamentales para completar el plan hídrico que lleva casi tres décadas.

En tanto, tras el anuncio del inicio del trabajo en la emergencia que hizo Bullrich este marte, autoridades nacionales, bonaerenses y municipales comenzaron a trabajar en conjunto este jueves en el municipio de 9 de Julio. Del encuentro participaron representantes de los ministerios de Infraestructura, Desarrollo Agrario y Seguridad de la provincia, además de una delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezada por la Agencia Federal de Emergencias, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y recuperar caminos rurales afectados por las inundaciones.

Durante la reunión, los funcionarios remarcaron la reactivación de los Comités de Cuencas Hídricas, impulsada por la Autoridad del Agua (ADA), como herramienta para ordenar la gestión de los recursos y priorizar las obras estructurales. Según explicó el titular de la ADA, Damián Costamagna, en la región “ha caído más del doble del promedio histórico de lluvias”, lo que agrava el impacto de los desbordes y pone a prueba la capacidad de respuesta local y provincial.

En el encuentro también se abordó el avance del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una política de Estado que se ejecuta desde 1997 entre Nación y Provincia y que abarca unas 8 millones de hectáreas productivas. Si bien los tramos I, II y III ya fueron finalizados, el tramo IV permanece inconcluso, con las etapas 1, 3 y 4 terminadas y la etapa 2 paralizada por el Gobierno Nacional, que es el responsable de su ejecución. Este sector es considerado clave para completar el drenaje del cauce y evitar que los excesos hídricos se acumulen en el centro-oeste bonaerense.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires tiene a su cargo el tramo V del plan, que abarca 98 kilómetros entre la laguna de Bragado y la de El Carpincho, en Junín, e incluye la intervención de diez puentes y la obra de cierre de la laguna de Rocha. En paralelo, el Ministerio de Infraestructura bonaerense finalizó los estudios del denominado “Nodo Bragado”, un proyecto que contempla la ampliación del arroyo Saladillo, el dragado de la laguna del Parque y la mejora de defensas urbanas para canalizar hasta 250 m³/s de caudal. 

fuente: nap