La Justicia le exige a SanCor un plan de crisis en 10 días para evitar su liquidación

El Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, que lleva adelante el concurso de acreedores de SanCor, ordenó a la cooperativa láctea presentar en un plazo de 10 días un “Plan de Crisis” detallado para garantizar su continuidad y evitar una “liquidación forzada”.

El juez Guillermo Adrián Vales solicitó que el documento incluya un diagnóstico realista de la situación, acuerdos con inversores, mecanismos de financiamiento, estrategias comerciales, reordenamiento de pasivos e incluso la posible incorporación de management externo.

Además, pidió que los consejeros, síndicos y gerentes de la cooperativa presenten el plan de manera presencial en una audiencia, con documentación contable y financiera respaldatoria.

La medida se da en medio de una fuerte presión sobre la empresa, que está en concurso desde febrero. En los últimos días se presentaron dos pedidos de quiebra: uno de exempleados que habían acordado su retiro voluntario y otro aprobado por el gremio Atilra, que reclama el pago de salarios adeudados de abril a agosto, el aguinaldo y deudas laborales que, según el sindicato, suman más de $83.000 millones.

SanCor atraviesa una crisis profunda: en los últimos años redujo su planta de personal en 370 empleados, vendió dos fábricas a Adecoagro y hoy procesa leche mayormente para terceros, mientras sus productos casi no están presentes en las góndolas.

El fallo judicial advierte que la viabilidad de la empresa debe medirse en términos económicos y productivos, no solo legales, y resalta la necesidad de compatibilizar los intereses financieros con el impacto social de la crisis. “Se debe humanizar el proceso, priorizando la continuidad laboral de los trabajadores y evitando despidos”, señaló el magistrado.

Además, la resolución requiere que el “Plan de Crisis” detalle gestiones para el financiamiento de las operaciones, venta de activos, acuerdos con inversores y reestructuración laboral. También deberá informar sobre las comunicaciones mantenidas con acreedores y sindicatura.

Como paso adicional, el juez pidió a los síndicos que elaboren un informe sobre los fondos líquidos disponibles y la posibilidad de destinar mayores ingresos al pago de acreedores con créditos de pronto pago.