Se filtró un plan para achicar el máximo órgano de conducción del INTA y pasar el manejo financiero al Ministerio de Economía

En medio de los cambios de estructura que impulsa en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el gobierno nacional buscaría romper el Consejo Directivo para restarle competencias al sector privado y desarticular el modelo de gobernanza que rige desde hace décadas, según pudo saber este medio. La intención del Poder Ejecutivo es reducir la cantidad de integrantes en la mesa directiva, que hoy totalizan 10 entre representantes del sector público y la actividad privada.

El INTA es un organismo descentralizado con autarquía operativa y financiera, que cuenta con autonomía para gestionar sus recursos y definir políticas internas. Su modelo de gobernanza se apoya en el mencionado Consejo Directivo que se constituyó con el Decreto Ley 21.680/56.

 

El Consejo Directivo está compuesto, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía y otro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura. Entre estos últimos están el veterinario Carlos Alberto Vera; su presidente, Nicolás Bronzovich, y la vicepresidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo.

No obstante, la nueva propuesta que habrían hecho representantes del Poder Ejecutivo y que hoy hablan en los pasillos del INTA plantea un esquema de cuatro representantes por sector. Con estos cambios solo quedarían cuatro entidades representantes del sector privado y cuatro del sector público. El Consejo Directivo pasarían de 10 a 8 miembros. Algunas fuentes apuntaron que estaría en análisis la silla de CREA en ese lugar. Desde esa entidad dijeron a este medio, ante una consulta, que agradecían el contacto, pero declinaron pronunciarse “en esta oportunidad” con una entrevista.

El problema, según diversas fuentes del sector agropecuario, sería que en caso de empate en una votación el presidente del INTA –designado por el Poder Ejecutivo– tendría la posibilidad de desempatar, lo que otorgaría al Gobierno automáticamente una mayoría en todas las decisiones estratégicas del INTA. En rigor, el titular del ente ya puede inclinar la balanza si hay empate en torno de una medida. El organismo tiene asignados $223.000 millones en presupuesto.

Según las fuentes consultadas por LA NACION, la propuesta que han hecho los representantes del Poder Ejecutivo dentro de la mesa no es una propuesta superadora, sino que rompe un modelo de gobernanza que funcionó durante 70 años y atravesó más de diez gobiernos, garantizó federalismo y representatividad del INTA.

Además del cambio en la composición del Consejo Directivo, el Gobierno buscaría trasladar la administración del INTA al Ministerio de Economía y, de esta forma, tener su control financiero y estratégico. “Es un ataque directo a la gobernanza del INTA. No se bancan no tener mayoría y quieren modificar las reglas para dominar”, confiaron a este medio.

El INTA, fundado en 1956, cumple 70 años en 2026 y es considerado uno de los pilares técnicos y científicos del agro argentino. Su estructura actual fue diseñada para resistir vaivenes políticos, promover la innovación tecnológica, el desarrollo rural y la articulación público-privada.

Frente a este escenario, diferentes actores del sector agropecuario preparan un frente común para intentar frenar la iniciativa del Ejecutivo. Afirman que el problema no es el tamaño del Consejo, sino la conducción.

Ayer, por caso, la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (Audeas) expresó con firmeza su defensa de la educación pública y del sistema científico-tecnológico estatal. En un comunicado resaltaron que resulta imprescindible reafirmar el valor estratégico que tienen las instituciones públicas que investigan, generan y transfieren conocimiento al servicio de las necesidades productivas, sociales y ambientales del país.

“Rechazamos de manera categórica cualquier intento de cierre, recorte, de enajenación del patrimonio o debilitamiento de estas instituciones, ya que ello implicaría no sólo la pérdida irreparable de puestos de trabajo altamente calificados, sino también el desmantelamiento de líneas de investigación que han requerido décadas de consolidación. Se trata de espacios de producción de conocimiento de altísima calidad, con impacto directo en el desarrollo de tecnologías, prácticas sustentables y mejoras en los sistemas productivos de todo el territorio nacional”, mencionaron.

“Debilitar estos organismos no sólo es un retroceso institucional, sino también un atentado contra el futuro productivo del país, ya que se afecta directamente la posibilidad de generar soluciones propias, de innovar con conocimiento contextualizado y de formar profesionales comprometidos con las realidades de sus territorios”, dijo.

Agregó: “Expresamos nuestra gran preocupación sobre la grave situación que atraviesa el INTA, la más crítica desde su creación. El Poder Ejecutivo ha impulsado a través de sus representantes en el organismo cambios estructurales profundos, sin respetar acabadamente los mecanismos de gobernanza e institucionalidad que ha caracterizado históricamente al organismo, ni consultar, en algunos casos, a los Consejos Regionales, espacios de representación multisectorial local, ignorando así el carácter participativo y federal de este organismo”.

fuente: lanación